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El Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles desestimó el pasado 5 de octubre la petición de una trabajadora de la empresa pública Esmasa que solicitaba quedarse como auxiliar administrativo, con funciones de secretaria, en lugar de regresar a su puesto original de trabajo como de Peón de Limpieza Viaria, tras haber sido nombrada como cargo de libre designación, es decir, con carácter temporal a ese puesto de trabajo, debido a las necesidades de trabajo existentes en ese momento. 

La trabajadora D.C.M. lleva prestando sus servicios desde el 30 de agosto de 2003 en la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón y fue el 1 de marzo de 2014 cuando comenzó a trabajar como auxiliar administrativo, así como funciones de secretariado, adjunto al Encargado general de ESMASA, con jornada de 35 horas semanales de lunes a viernes. 

Fue el pasado 17 de enero de 2016 cuando el presidente de la empresa pública le comunica a la trabajadora que, al día siguiente, es decir, el 18 de enero de 2016, volverá a prestar sus servicios como peón de limpieza viaria con jornada completa de lunes a domingo por haberse revocado el consejo de administración en junta general. 

Ante esto, la demandante pedía permanecer en el puesto de auxiliar administrativo declarando no ajustada a derecho la modificación realizada en el cese de la modificación temporal de sus condiciones de trabajo, exponiendo que no se alegó causa del cese del Encargado general al que estaba adscrita y que ella había desarrollado sus tareas de auxiliar administrativo de modo general para la empresa y no sólo para el encargado o el consejo de administración. 

Tal y como ha quedado demostrado por parte de ESMASA, y según lo establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, existió una necesidad especial de servicio que llevó a la empresa a la modificación temporal condicionada y aceptada por la trabajadora y al ser un puesto de libre designación, la empresa la cesó porque ya no se necesitaba cubrir ese servicio ya que fue despedido el encargado general. 

 

La sentencia es firme y no cabe recurso contra la misma.

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El Ayuntamiento de Alcorcón ha aprobado en la Junta de Gobierno Local una nueva oferta de empleo público para el municipio. Así lo ha señalado la cuarta teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos, Laura Pontes, quien ha destacado que se irán publicando las bases en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) para que todos aquellos ciudadanos que quieran optar a ser personal del Consistorio puedan descargárselas.

Serán 22 plazas las que se ofertarán de empleo público, de las cuales, diez serán para promoción interna específica para personal que actualmente está en la Administración Local de Alcorcón; siete para el cuerpo de Administración General y cinco para personal laboral.

De las diez plazas para promoción interna específica para funcionarios, tres serán para el Cuerpo de Administración General para los grupos A –subgrupo A1 (jefe de Servicio) y subgrupo A2 (coordinador de Juntas de Distrito)- y para el Grupo C, subgrupo C1 (administrativo jefe de negociado).

Además, otras dos son para el cuerpo/escala de administración especial pertenecientes a la subescala de servicios especiales (clase Policía Local), tanto para el Grupo A-subgrupo A1, en el que se oferta plaza para oficial de la Policía Municipal y para el Grupo C-subgrupo C1, para suboficial S.E.I.

Del mismo modo, 5 irán destinadas a la promoción interna específica para personal laboral, donde se quieren cubrir los puestos de Jefe de Taller Mecánico, Oficial Mecánico (maquinaria agrícola), Oficial Mantenimiento (deportes), Auxiliar Taquillero y Monitor (JC-Cultura).

Para conseguir plaza como funcionario, el Consistorio sacará siete nuevas plazas para cubrir distintas categorías. Una para Técnico de Administración General del Grupo A-Subgrupo A1; otra como Arquitecto, de la Clase Técnica Superior de la Subescala Técnica del Grupo A-subgrupo A1; otra para oficial de la Policía Municipal de la Subescala de Servicios Especiales de la Policía Municipal dl Grupo A-subgrupo A1 y cuatro para Bombero-Conductor del Grupo C-subgrupo C2 d la Clase de Bomberos.

Y, por último, el Ayuntamiento sacará las bases para la oferta pública de empleo para cinco plazas dirigidas a personal laboral en las categorías de profesor Escuela Municipal de Música; capataz; conserje (correturnos), peón (Colegio Público) y peón (Parques y Jardines).

 

“Con la convocatoria de estas plazas, lo que queremos es apostar por un empleo público de calidad y que el Ayuntamiento pueda seguir ofreciendo una mejor atención a los alcorconeros”, concluyó la tercera teniente alcalde y concejal de Recursos Humanos.

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El Ayuntamiento de Alcorcón impartirá 25 cursos de formación destinados a los trabajadores municipales que tendrán lugar desde septiembre a diciembre de este año, para lo cual se destinará un presupuesto de 83.500 euros, así lo ha manifestado Laura Pontes, cuarta teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos.

 

Los cursos tendrán una participación máxima de 20 personas, excepto el de inglés para empleados, ya que se realizarán dos ediciones, en el que participarán hasta 40 trabajadores de forma online; el curso esquema nacional de seguridad, al que podrán acceder un máximo de 13 personas en sola una edición y el de pedagogía de grupo en la clase de instrumento, en la que participarán 27 empleados municipales.

 

Las modalidades de los cursos de formación versarán entre presenciales, semipresenciales y online. De los 25, solo tres de ellos, serán impartidos en dos ediciones, uno en el que podrán asistir en cada una de ellas 20 trabajadores (inglés para empleados públicos) y otros dos, que contarán con una capacidad máxima de 10 por cada curso (conducción policial y conducción eficiente).

 

La concejal de Recursos Humanos ha destacado que la puesta en marcha de estos cursos se realiza para seguir ayudando en la formación de los trabajadores municipales, ya que son los que día a día tienen que atender las consultas y dudas de los vecinos de Alcorcón.

 

Las acciones formativas versarán sobre técnicas para prevenir y resolver problemas, control del estrés y síndrome de Burnout en el ámbito laboral, inteligencia emocional plena, nuevas técnicas de poda en arboricultura urbana, conducción policial y agentes tutores y acoso escolar.

 

También sobre lenguaje de signos, manejo de maquinaria de jardinería, inglés para empleados públicos, transparencia en las entidades locales, novedades en materia de contratación administrativa o emplazamiento de autoescalas, entre otras materias.

 

La mayoría de los cursos que se impartirán tendrán una duración de 37,5 horas, no obstante, hay otros, como el de conducción eficiente, que entre las dos ediciones se realizará uno por día. Además, otros 7 se llevarán a cabo durante una semana –emplazamiento de autoescales; método de intervención en arbolado; pedagogía de grupo en la clases de instrumento; entretenimiento funcional; curso práctico de manejo de maquinaria básica de jardinería; nuevas técnicas de poda en arboricultural urbana e inteligencia emocional plena-.

 

Un curso durará dos semanas, el de esquema nacional de seguridad-, cinco se impartirán en tres semanas –Power Point 2016; navegación y seguridad en Internet. Correo electrónico; inmersión 2.0; novedades en materia de contratación administrativa: las directivas UE de 2014 y agentes tutores y acoso escolar. 

 

Además, durante siete semanas tendrán lugar los cursos sobre administración electrónica y modernización administrativa; lenguajes de signos; transparencia en las entidades locales: una apuesta de futuro; procedimiento administrativo común y régimen jurídico; control del estrés y síndrome de Burnout en el ámbito laboral y técnicas para identificar, solucionar y prevenir problemas. Y dos que se impartirán en 8 semanas, uno de ellos, el de Microsoft Office 2016 y el de inglés para empleados públicos, que se desarrollará en dos ediciones, de 8 semanas cada uno.

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La Sección número 4 de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón al Ayuntamiento de Alcorcón y ha revocado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles el pasado mes de mayo, en la que se ordenaba la readmisión de 17 trabajadores sociales que habían denunciado a la Corporación por presuntos despidos improcedentes.

Así, con fecha de 11 de diciembre de 2015, el TSJM dictó sentencia en la que desestimaba íntegramente la demanda de 13 de los trabajadores sociales, y parcialmente la de otros 4, pero dejando patente que el Ayuntamiento no tenía ninguna obligación de readmitirles en los puestos de trabajo que habían desempeñado dentro del programa de Recualificación Profesional de Desempleados, puesto en marcha por la Comunidad de Madrid y al que se sumó el Consistorio durante seis meses, y por el cual los beneficiarios percibían un complemento salarial a su subsidio de desempleo.

La sentencia del TSJM ratifica, por tanto, la postura que siempre mantuvo el Gobierno municipal de que todo el proceso de contratación e incorporación laboral de los beneficiarios del programa se había hecho conforme a la Ley, con transparecia y rigor, mientras que fuentes del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que apoyó a los demandantes contra el Ayuntamiento de Alcorcón, llegaron a tildar el asunto de “estafa”.

Según la sentencia, el Ayuntamiento cumplió las pautas marcadas por la propia naturaleza del programa de Recualificación Profesional de Desempleados en 13 de los 17 casos, por lo que no hay lugar para ningún tipo de reclamación contra la Administración Local.

En los otros cuatro, la sentencia advierte que los trabajos desempeñados podrían considerarse parcialmente fuera del modelo del Programa, pero también reconoce que la Corporación actuó dentro de las normas, por lo que admite parcialmente la demanda dando a elegir al Gobierno municipal entre la readmisión de los trabajadores o indemnización, dos de 959 euros y otras dos de 1.053, entre otras cosas por las justificadas condiciones de reajuste económico a las que se ve obligado el Ayuntamiento dado su estado financiero, con una deuda en 2011 de 612 millones de euros tras el último mandato de la coalición de PSOE e IU.

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid ha decidido, en sentencia de 5 de diciembre de 2014, “desestimar el recurso interpuesto por el sindicato CGT por la posible vulneración del Ayuntamiento de Alcorcón del derecho de huelga y la libertad sindical, por la vía de hecho consistente en la utilización de trabajadores de la empresa Tragsa para sustituir a los de Esmasa” en la huelga de recogida de basuras de los pasados meses de enero y febrero.

La sentencia es contundente: “El Ayuntamiento es responsable del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos y, en consecuencia también, responsable de garantizar su prestación máxime cuando concurrían las circunstancias de emergencia que, también se ha dejado expuesto porque consta, se daban en este caso: informes de la Inspección de Sanidad dieron a conocer que la acumulación de residuos en las calles del municipio estaba llegando a niveles intolerables provocando situaciones de notoria y denunciada insalubridad”.

“Todo ello, considerando que existen también informes en el expediente administrativo que ponen de manifiesto el insuficiente cumplimiento de los servicios mínimos, lo que agravaba la situación de insalubridad descrita hasta el punto de provocar una situación de emergencia, con aparición de plagas y proliferación de ratas en determinadas zonas”, añade el texto del juez.

“El Ayuntamiento procedió conforme autoriza el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a encomendar a esta entidad mercantil –Tragsa- la realización de determinadas labores de recogida de residuos y limpieza de determinadas áreas. Es importante destacar junto a lo anteriormente expuesto que la encomienda a Tragsa por el Ayuntamiento demandado, amén de justificada y procedimentalmente irreprochable, se hizo con un alcance tan solo parcial pues el encargo referente a la urgente recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza se refirió tan solo a “islas ecológicas” y “contenedores concertados” y en relación únicamente con las zonas que se consideraron de atención prioritaria por ser especialmente sensibles. No se trataba, por tanto, de encomendar a otros la realización del trabajo que no hacían los huelguistas sino solventar la situación de emergencia acreditada y provocada por la insalubridad”, dicta la sentencia.

El escrito del Juzgado es contundente al exponer que “el derecho de huelga, con ser un derecho fundamental, no puede, sin embargo, considerarse como un derecho absoluto y sin límites. Tales límites se encuentran en la necesaria protección de otros derechos o bienes constitucionalmente reconocidos, garantizándose la prestación de servicios esenciales para, como en este caso, proteger debidamente la salud de la población cuando ésta se encuentra en grave riesgo”.

“Claramente se desprende que la situación atendida por el Ayuntamiento fue de justificada emergencia y que no produjo ningún menoscabo ni a los trabajadores ni al Comité de Huelga”, asevera el juez justo antes de emitir su fallo desestimando el recurso de CGT.

“Los vecinos como rehenes”

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, destacó que “ahora que la Justicia nos ha dado la razón, es momento de recordar que en aquel momento hubo partidos políticos como PSOE, UPyD e IU, y sindicatos como CCOO, CGT y CSIF, que intentaron hacer todo el daño posible al Gobierno municipal y sacar el máximo provecho de una huelga salvaje, injusta e injustificada que tomó a los vecinos como rehenes sin importarles ni siquiera poner en riesgo su salud”.

 

“Ahora llega el momento de las responsabilidades: la responsabilidad política de los partidos que apoyaron la huelga e incluso se opusieron a que el Ayuntamiento limpiara cuando la situación ya era de emergencia, y la responsabilidad judicial de los sindicatos que promovieron esta huelga salvaje que provocó tanto daño a la ciudad de Alcorcón, con actos vandálicos de todo tipo, una decena de policías heridos, una veintena de incendios intencionados, decenas de "averías" en camiones de basura, roturas de escaparates y gastos ingentes para devolver la normalidad a la ciudad", aseguró el alcalde de Alcorcón, David Pérez.

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La correcta tramitación de las bases de cotización y el pago en los plazos previstos ha evitado sobrecostes e intereses de demora al Consistorio

El Ayuntamiento de Alcorcón, a través de la Concejalía de Recursos Humanos, Administración y Asesoría Jurídica que dirige el tercer teniente de alcalde Eduardo Serrano, ha obtenido desde 2011 hasta el 31 de diciembre de 2013 una reducción del gasto en los pagos a la Seguridad Social de 442.852 euros.

Esta reducción del gasto se ha debido a la correcta gestión de las cotizaciones salariales, es decir, a la aplicación exacta de las bases de cotización -muchas de ellas eran incorrectas durante el anterior mandato- y al pago de la Seguridad Social en los plazos previstos. La incorrecta gestión durante el anterior mandato suponía que el Ayuntamiento tenía que pagar sobrecostes a la Seguridad Social debido a que había cotizado de menos o no había cotizado. Además, el hecho de abonar tarde los gastos de Seguridad Social suponía que ésta cobraba al Consistorio unos intereses de demora que podían alcanzar hasta el 25 por ciento de la cantidad impagada.

Los sobrecostes para el Ayuntamiento en 2011 ascendieron a 450.000 euros, mientras que en 2013 el Consistorio sólo ha tenido que abonar 7.148 euros, lo que supone una disminución del gasto por este concepto del 6.300 por ciento.

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El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid considera que “(…) se deduce el carácter provisional de los funcionarios interinos, los cuales claramente pueden ser cesados no sólo por venir a ocupar la plaza del funcionario titular, sino también cuando desaparezcan las razones de urgencia que motivaron su nombramiento”, en relación al cese de dos funcionarios interinos

El mismo juzgado confirma los argumentos de sentencias anteriores de otros tribunales favorables al Consistorio: “Precisamente es en el ámbito de la organización administrativa (…), donde se permite a la administración tomar decisiones sobre nombramientos y ceses de personal interino (…). En este caso, está perfectamente motivado el cese (…)”

Dos nuevas sentencias vienen a dar la razón al Ayuntamiento de Alcorcón, ambas relacionadas con decisiones del Consistorio sobre el cese de dos funcionarios interinos. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid, en sendas sentencias (66/2014 y 112/2014), recibidas por el Consistorio el pasado miércoles y ayer mismo, respectivamente, vienen a confirmar las de otros tribunales (el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid) sobre aspectos como la autoorganización y, por tanto, la supresión de puestos interinos.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid confirma “(…) el carácter provisional de los funcionarios interinos, los cuales claramente pueden ser cesados no sólo por venir a ocupar la plaza del funcionario titular, sino también cuando desaparezcan las razones de urgencia que motivaron su nombramiento. Precisamente, es en el ámbito de la organización administrativa, caracterizada por amplias facultades discrecionales, donde se permite a la administración tomar decisiones sobre nombramientos y ceses de personal interino, aunque no exentas de control, así los nombramientos deben seguir los criterios de mérito y capacidad y los ceses deben estar motivados. En este caso, está perfectamente motivado el cese en razones estrictamente económicas, debido a la insuficiencia de medios materiales para retribuirles”.

La sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 que ya recibió el pasado año el Ayuntamiento sobre otro de los ceses de interinos rezaba como sigue:

“(…) la relación funcionarial del interino es esencialmente temporal -continúa la sentencia- y puede finalizar por libre remoción de la Administración en tanto desaparezcan a juicio de la misma las razones de necesidad o urgencia que motivaron el nombramiento, pues dichos funcionarios no gozan del derecho de inamovilidad, es evidente que corresponde a la Administración determinar las necesidades personales que precisa para el cumplimiento de sus fines. Y ese juicio subjetivo (consecuencia de su facultad de autoorganización) debe ser respetado salvo que se acredite que ha hecho uso de tal potestad con finalidades distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico. En el presente caso, nada se ha probado”.

“Procede, en consecuencia, desestimar el presente recurso contencioso administrativo. Ningún reproche jurídico merece la actuación administrativa impugnada que se somete plenamente al ordenamiento jurídico”.

En definitiva, la jurisprudencia sobre la potestad de las administraciones de organizar los recursos humanos de que disponen es cada vez mayor y más firme, sin perjuicio del respeto que siempre tiene y ha tenido el Gobierno del Ayuntamiento de Alcorcón hacia el cuerpo de funcionarios, por cuyos derechos se ha velado siempre. Concretamente, la revisión del proceso de funcionarización llevado a cabo por el anterior Ejecutivo viene a confirmar la defensa de los derechos de los trabajadores municipales, a muchos de los cuales no se les permitió acceder a ese proceso.

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El Ayuntamiento de Alcorcón ha publicado las bases para la provisión, mediante oposición libre, de siete plazas de bombero-conductor, que se incorporarán, una vez realizadas las pruebas de acceso y publicada la lista de admitidos, como personal funcionario de la Corporación.

Los interesados disponen de las bases de la oposición en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del día 26 de julio de 2013. En las mismas se establecen tanto las pruebas que tendrán que superar los candidatos como los temarios que las compondrán.

Así, un primer bloque estará compuesto por un examen psicotécnico, un cuestionario tipo test de 100 preguntas y una prueba de conocimiento del municipio. El segundo bloque será el físico, con ejercicios deportivos concretos y examen médico. El tercero será una prueba práctica de conducción, y el cuarto un examen físico-profesional que valorará la tolerancia del aspirante al trabajo en espacios confinados, en altura o el situaciones de riesgo. Todas las pruebas serán eliminatorias.

Los principales requisitos para optar a una de estas siete plazas de bombero-conductor que convoca el Ayuntamiento de Alcorcón son, entre otras, ser español, mayor de edad, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme; estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado, o titulación equivalente, y estar en posesión de los permisos de conducir de la Clase E asociado al C.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán extenderse necesariamente en el impreso normalizado establecido por el Ayuntamiento de Alcorcón, que se facilitará en la Casa Consistorial, sita en la Plaza de los Reyes de España nº 1 de la localidad. Los residentes en otros municipios pueden remitirlo a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Alcorcón, Concejalía de Gestión, Función Pública y Régimen Interior, Plaza de los Reyes de España nº 1, Alcorcón (Madrid).

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En concepto de Planes de Pensiones para el personal laboral

 

El Juzgado de lo Social número 2 bis de Móstoles ha condenado al Ayuntamiento de Alcorcón a pagar más de un millón de euros (1.084.210,65 €) que deberá aportar al Plan de Pensiones del personal laboral del Consistorio. Esta cantidad debió aportarla el anterior Gobierno en los años 2009 (535.795,95 euros) y 2010 (548.414.7 euros), siendo el Ejecutivo actual el que debe abonarla ahora tras la sentencia judicial.

La demanda fue interpuesta por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en mayo de 2011, y en ella reclamaba el pago de las aportaciones a los planes de pensiones de los años 2009 y 2010, además del incremento de las mismas, ya que, según alegaba, la masa salarial sobre la que se calcularon dichas aportaciones no se ajustaba al gasto de personal presupuestado por el Ayuntamiento.

Los servicios jurídicos del Consistorio están estudiando recurrir esta sentencia, ya que el pago de ese millón de euros obligaría a nuevos ajustes presupuestarios.

 

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