Los agentes de Policía Municipal de Alcorcón dieron el alto la madrugada del pasado martes 28 de febrero, mientras realizaban un control de alcoholemia situado en la avenida de Leganés con avenida de Móstoles, a un vehículo en cuyo interior viajaban tres personas y que mostraba un comportamiento extraño y peligroso para el resto de conductores que circulaban por la vía. 

El conductor levantó las sospechas de los efectivos policiales, cuando al percatarse del control policial, intentó eludirlo para no ser interceptado por los agentes. Tras detener el coche, Policía Municipal identificó a sus ocupantes, a quienes se les realizó un cacheo superficial de seguridad para controlar si portaban algún material peligroso, encontrándose distintas sustancias estupefacientes que fueron requisadas en el mismo momento. 

En ese momento, una tarjeta de crédito llamó la atención de los policías. El medio de pago no pertenecía a ninguna de las personas que se encontraban en el lugar. Los agentes iniciaron las gestiones necesarias para averiguar la procedencia de ésta, no pudiendo ninguno de los ocupantes del vehículo dar datos del propietario de la misma, sembrando dudas y aportando respuestas incoherentes a las preguntas de los funcionarios. 

Los agentes del cuerpo de Policía Municipal procedieron a intervenir la tarjeta y a aportarla al informe de la intervención realizada. El portador de la misma podría ser acusado por uso fraudulento de medio de pago y por suplantación de identidad. Desde la Concejalía de Seguridad que dirige la quinta teniente de alcalde y concejal responsable, Ana Gómez, se recomienda tener controladas todas las tarjetas bancarias y medios de pago de los que se disponga y denunciar su robo o pérdida, en caso de que así suceda, de manera inmediata. 

El perfil de Twitter oficial del Cuerpo, @PoliciaAlcorcon, suele publicar distintos consejos de seguridad para evitar sustracciones y problemas en cuanto se produzca el robo o perdida de tarjetas de pago. Asimismo, Policía Municipal de Alcorcón realiza distintos controles de tráfico para evaluar el consumo de alcohol y drogas. En ellos también se vigila la documentación, los dispositivos de retención infantil y el estado general de los vehículos con el objetivo de velar por la seguridad de los vecinos de Alcorcón. 

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha presidido hoy la Junta Local de Seguridad en la que se ha firmado un ambicioso plan para dar un paso más en el protocolo de coordinación y colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la Policía Municipal de la ciudad para mejorar, aún más si cabe, la respuesta de seguridad y protección que desde los diferentes cuerpos policiales se debe dar a las mujeres que son víctimas de violencia de género.

Dicho plan, que se presenta coincidiendo con la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, establece una marcada diferenciación de funciones para cada uno de los cuerpos policiales, otorgando competencias a la Policía Municipal para ampliar el espectro de protección de las mujeres víctimas de la lacra social que supone la violencia de género y de los hijos menores que tienen a su cargo.

Así, y para que la coordinación sea perfecta y garantizar que no haya fallos a la hora de actuar, se establecerán diferentes canales de comunicación e información de interés policial. "Es imprescindible evitar cualquier tipo de riesgo de agresión a una mujer víctima de violencia de género. Contamos con grandes profesionales tanto en Policía Nacional como en Policía Municipal, y cualquier mejora que ayude a salvar vidas y evitar situaciones de violencia contra las mujeres siempre es positivo", comentó David Pérez.

"Este nuevo protocolo -continuó el primer edil- es, sin duda, una gran noticia y permitirá reforzar el compromiso en la lucha contra la violencia de género estableciendo que cualquier dato o información de interés relacionado con una víctima sea conocido por ambos cuerpos policiales". 

El comisario del Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría de Alcorcón, Domingo Fernández, ha destacado que “con la referencia de finales de 2016 teníamos 132 víctimas protegidas, de las cuales un porcentaje muy bajo en riesgo alto o extremo. No se han producido indecencias graves de ningún tipo en el municipio y se puede decir que teniendo en cuenta la cifra de 132 víctimas, el índice no es muy alto teniendo en cuenta que en Alcorcón viven más de 170.000 personas”.

Por su parte, el director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Enrique Núñez, ha asegurado que “la firma de este convenio es una acción bastante importante y más si vine de un Ayuntamiento pionero en este este sentido al implementar una acción importantísima desde el punto de vista de la coordinación policial y desde la atención a las víctimas de violencia de género”. 

Refuerzo en la coordinación contra la violencia de género 

Hasta ahora, las patrullas de la Policía Municipal de Alcorcón tenían conocimiento de aquellas órdenes de alejamiento dictadas por los juzgadosde la ciudad con un objetivo: poder mejorar la respuesta policial ante posibles agresiones. Desde hoy, y gracias al protocolo firmado para reafirmar el compromiso en la lucha contra esta lacra social y la protección de las víctimas, se otorga a los agentes municipales acceso a las bases de datos del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de  Violencia de Género (VIOGEN), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior; y del Sistema de Registro se Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), perteneciente al Ministerio de Justicia. En ambas, los agentes podrán obtener información respecto a las órdenes de protección y situación de riesgo de las mujeres víctimas de violencia, así como la situación judicial en la que se encuentran los agresores. 

Además, la Policía Municipal de Alcorcón pondrá en marcha un sistema de seguridad para que los agentes trasladen a las mujeres víctimas a la Casa de acogida para mujeres maltratadas y sus hijos de la que disponen en la ciudad, al tiempo que les darán protección y seguridad tanto a ellas como a sus familias cuando tengan que acudir a juzgados, puntos de encuentro y entrega de menores de edad, etc.

Con este nuevo protocolo de seguridad y protección para mujeres víctimas de violencia de género, se ahonda, también, en la coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcorcón para ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de las mujeres maltratadas.

Responsabilidad de todos

Finalmente, el alcalde de Alcorcón aseguró que acabar con la violencia de género es responsabilidad de toda la sociedad. "Nuestra ciudad ha declarado la guerra a la violencia de género y la respuesta policial y de las instituciones es unánime, coordinada y decidida contra cualquier práctica contra la libertad de las personas: “Todos estamos unidos en apoyo a las mujeres que sufren violencia de género".

"Animamos a todas las mujeres, y también a sus familias, a que denuncien ante la primera señal de malos tratos y que no tengan miedo de hacerlo. Deben saber que desde el Ayuntamiento de Alcorcón ponemos a su disposición todos los recursos a nuestro alcance para que sepan que no están solas y que hay salida a la violencia de género", concluyó el regidor.PE

El equipo de Gobierno de Alcorcón ha mostrado hoy su “especial preocupación” por los presuntos insultos y amenazas realizadas a un trabajador con discapacidad de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (ESMASA) que asegura haber sufrido insultos y amenazas por parte de otro empleado de la misma empresa, que, al mismo tiempo, es delegado sindical de USO. Ante estos hechos, ESMASA ha abierto un expediente indagatorio para esclarecer los hechos.

Así, el Gobierno municipal ha manifestado su condena y rechazo absoluto ante estas presuntas prácticas. Además, ha tenido conocimiento de las denuncias formuladas por dos organizaciones sindicales de la  empresa municipal ESMASA, CSIF y  Comisiones Obreras (CC OO), donde afean que el afectado habría sido tratado  de manera "despectiva" y con “absoluto desprecio a su persona” al recibir insultos como "te voy a arrancar la cabeza que tienes de muñeco", haciendo, según se refleja en el comunicado de CSIF, "un uso vergonzoso de una supuesta superioridad física y con una puesta en escena más propia de un matón de discoteca".

Asimismo, desde el sindicato CSIF manifiestan que es “lamentable que, siendo un delegado sindical, cuyo objeto es trabajar por y para el bien de los empleados de ESMASA amenace y veje a un trabajador en su centro de trabajo y en presencia de varias personas". Por ello, desde la sección sindical piden a la empresa ESMASA que “fulminantemente” pida la dimisión de todos sus cargos al delegado sindical acusado de haber proferido dichas amenazas e insultos, algo que, aseguran, pedirán desde el sindicato, exigiendo, además, “que se le aplique una sanción ejemplar y acorde con los hechos gravísimos ocurridos” el pasado 9 de enero.

El Ayuntamiento de Alcorcón ha presentado hoy en el juzgado contencioso-administrativo número 19 la demanda contra el Protocolo para episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno del Ayuntamiento de Madrid, que dirige Manuela Carmena, y que entró en vigor en febrero de este año, donde incluye cierres al tráfico en el centro en el peor de los escenarios, por vulnerar los derechos de los ciudadanos a circular libremente por el territorio nacional, recogidos en los artículos 19 y 139.2 de la Constitución Española. Así lo ha señalado el alcalde del municipio, David Pérez, por la amenaza efectuada de Manuela Carmena, quien ha destacado que “en ningún momento nadie del Ayuntamiento de Madrid se ha puesto en contacto con nosotros para evitar llegar a los Tribunales”.

Pérez aseguró que “son miles los ciudadanos los que diariamente tienen que acceder a la capital desde distintos puntos de la región, especialmente del sur de la Comunidad de Madrid". El municipio de Alcorcón está conectado con la capital a través de la A-5, que cruza la M-40 y desemboca en la M-30, vía afectada por las restricciones al tráfico que podría imponerse en los peores escenarios contemplados ante altos niveles de polución.

"No estoy dispuesto a que la alcaldesa de la capital vulnere el derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos de poder circular libremente por las carreteras madrileñas. El cierre de estos accesos generaría un problema muy serio y causaría el llamado “efecto frontera”, es decir, que la decisión que tome Carmena afectaría a las localidades limítrofes y sufriríamos consecuencias económicas, de sobre carga de tráfico, colapso circulatorio, entre otras”.

Las medidas contenidas en el protocolo actual de contaminación del Ayuntamiento de Madrid, aparecen, supuestamente, basadas en la normativa de circulación y la medioambiental, aunque solo de mofo aparente, ya que discrepa de su correcta aplicación puesto que es otro el sentido de esta norma. Es por ello, por lo que se origina un exceso no querido por la normativa a la hora de generalizar la restricción de la circulación a todos los vehículos sin que se discrimine a los vehículos más contaminantes, tal y como busca la normativa ludida.

Además, el Consistorio alcorconero también expone en su denuncia que la M-30 o Calle 30, antigua carretera con titularidad estatal, que, aunque haya sido cedida a la entidad local, en este caso la Comunidad de Madrid, goza de la condición de carretera integrada en la red autonómica de carreteras y es dudoso que una institución local pueda adoptar decisiones de modo unilateral, sin contar con el consentimiento del titular, que en este caso es la Administración regional. 

Si, finalmente, el Ayuntamiento de Madrid aplicara esta decisión de cerrar al tráfico de vehículos el acceso a la capital, los perjuicios económicos que esta medida conllevaría ser indemnizadas por la Administración pública que la llevara a cabo. Por eso, cualquier persona o grupo de personas podría y estaría en su derecho de denunciarlo y pedir una indemnización por daño efectivo evaluable económicamente, como ya ha sucedido en otras localidades de España, como en Burgos.

Plan de Calidad del Aire

Por otra parte, señalar que el Ayuntamiento de Alcorcón ha apostado siempre por la protección medioambiental. Y es que, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, en colaboración con las de Seguridad, Urbanismo, Conservación y Mantenimiento y el área de Hacienda, puso en marcha un Plan de Calidad del Aire del municipio para velar por la reducción de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

El Plan Local de Mejora de la Calidad del Aire, que cuenta con 20 medidas, atiende principalmente a la “Movilidad Sostenible”, al “Ahorro y Eficiencia Energética” y a la “Prevención e Información Medioambiental”. En el plan destaca la promoción de combustibles limpios “como el GLP”, la adquisición de vehículos eco-eficientes para la flota municipal y bonificar fiscalmente a los ciudadanos que adquieran vehículos no contaminantes –un 35% cuando adquieran coches híbridos o que utilicen gas combustible y un 75% si tienen un coche eléctrico y enchufados-, así como formar a los empleados públicos en conducción eficientes (36 hasta momento).

Se ha puesto en marcha el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que recoge las medidas necesarias para conseguir un transporte más sostenible, compatible con el desarrollo económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente.

Además, se potencia el uso de la bicicleta como medio de transporte limpio para que los ciudadanos del municipio puedan usarlo para trasladarse con ella a otros municipios y zonas combinándolo con el suburbano.

El Ayuntamiento también ha puesto en marcha la ‘Línea Verde’, un nuevo canal de comunicación ‘online’ (www.lineaverdealcorcon.com), al igual que una APP, con el que se resuelven las dudas medioambientales de los ciudadanos y las quejas de los vecinos, incluyéndose en materia de calidad del aire. Hasta el día de hoy se han recibido 1.473 incidencias, que la mayoría de ellas ya están resultas.

El Consistorio potencia la sustitución de calderas en los edificios municipales, mejorando así la eficiencia energética de estos antiguos equipos de producción de calor.

Por último, se considera esencial potenciar los parques y jardines ya que siempre se han constituido como señal de identidad del municipio, y tienen un comprobado efecto beneficioso sobre el microclima de la ciudad.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid ha decidido, en sentencia de 5 de diciembre de 2014, “desestimar el recurso interpuesto por el sindicato CGT por la posible vulneración del Ayuntamiento de Alcorcón del derecho de huelga y la libertad sindical, por la vía de hecho consistente en la utilización de trabajadores de la empresa Tragsa para sustituir a los de Esmasa” en la huelga de recogida de basuras de los pasados meses de enero y febrero.

La sentencia es contundente: “El Ayuntamiento es responsable del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos y, en consecuencia también, responsable de garantizar su prestación máxime cuando concurrían las circunstancias de emergencia que, también se ha dejado expuesto porque consta, se daban en este caso: informes de la Inspección de Sanidad dieron a conocer que la acumulación de residuos en las calles del municipio estaba llegando a niveles intolerables provocando situaciones de notoria y denunciada insalubridad”.

“Todo ello, considerando que existen también informes en el expediente administrativo que ponen de manifiesto el insuficiente cumplimiento de los servicios mínimos, lo que agravaba la situación de insalubridad descrita hasta el punto de provocar una situación de emergencia, con aparición de plagas y proliferación de ratas en determinadas zonas”, añade el texto del juez.

“El Ayuntamiento procedió conforme autoriza el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a encomendar a esta entidad mercantil –Tragsa- la realización de determinadas labores de recogida de residuos y limpieza de determinadas áreas. Es importante destacar junto a lo anteriormente expuesto que la encomienda a Tragsa por el Ayuntamiento demandado, amén de justificada y procedimentalmente irreprochable, se hizo con un alcance tan solo parcial pues el encargo referente a la urgente recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza se refirió tan solo a “islas ecológicas” y “contenedores concertados” y en relación únicamente con las zonas que se consideraron de atención prioritaria por ser especialmente sensibles. No se trataba, por tanto, de encomendar a otros la realización del trabajo que no hacían los huelguistas sino solventar la situación de emergencia acreditada y provocada por la insalubridad”, dicta la sentencia.

El escrito del Juzgado es contundente al exponer que “el derecho de huelga, con ser un derecho fundamental, no puede, sin embargo, considerarse como un derecho absoluto y sin límites. Tales límites se encuentran en la necesaria protección de otros derechos o bienes constitucionalmente reconocidos, garantizándose la prestación de servicios esenciales para, como en este caso, proteger debidamente la salud de la población cuando ésta se encuentra en grave riesgo”.

“Claramente se desprende que la situación atendida por el Ayuntamiento fue de justificada emergencia y que no produjo ningún menoscabo ni a los trabajadores ni al Comité de Huelga”, asevera el juez justo antes de emitir su fallo desestimando el recurso de CGT.

“Los vecinos como rehenes”

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, destacó que “ahora que la Justicia nos ha dado la razón, es momento de recordar que en aquel momento hubo partidos políticos como PSOE, UPyD e IU, y sindicatos como CCOO, CGT y CSIF, que intentaron hacer todo el daño posible al Gobierno municipal y sacar el máximo provecho de una huelga salvaje, injusta e injustificada que tomó a los vecinos como rehenes sin importarles ni siquiera poner en riesgo su salud”.

“Ahora llega el momento de las responsabilidades: la responsabilidad política de los partidos que apoyaron la huelga e incluso se opusieron a que el Ayuntamiento limpiara cuando la situación ya era de emergencia, y la responsabilidad judicial de los sindicatos que promovieron esta huelga salvaje que provocó tanto daño a la ciudad de Alcorcón, con actos vandálicos de todo tipo, una decena de policías heridos, una veintena de incendios intencionados, decenas de "averías" en camiones de basura, roturas de escaparates y gastos ingentes para devolver la normalidad a la ciudad", aseguró el alcalde de Alcorcón, David Pérez.

El propio Tribunal señala que hay motivos legales para recurrir ante el Supremo

La sentencia, cuya validez estudiará ahora el máximo órgano judicial de España, cuestionaba dos de las numerosas medidas de ahorro y mejora de la gestión adoptadas por el Gobierno municipal para hacer frente a los 612 millones de euros de deuda, ratificada por el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado diligencia en la que admite la presentación de recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) por parte del Ayuntamiento de Alcorcón contra su propia sentencia que ponía en duda dos de las medidas de ahorro incorporadas por la Corporación en los presupuestos municipales de 2012, primeros en elaborarse tras hacerse oficial la deuda de 612 millones de euros por parte de la Intervención General municipal, y ratificada posteriormente por el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas y la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Con la aceptación de este recurso, el propio TSJM reconoce que hay motivos para la presentación del mismo ante el Tribunal Supremo. Y puede haberlos porque o no se han aplicado todas las normas del ordenamiento jurídico o no se han aplicado de modo correcto, tal y como indica el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa. También  lo es por la causa recogida en el artículo 86.4 de dicha Ley, que indica se puede presentar por posible infracción de las normas de Derecho estatal o normativa europea que sean determinantes en el fallo.

Con estos datos, el Ayuntamiento de Alcorcón estima que la sentencia del TSJM puede suponer la vulneración de las obligaciones que marca la legislación estatal sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, la reducción del déficit, y la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas, y que son obligaciones establecidas por la reciente reforma constitucional y vinculada a la normativa europea.
 
Como no podía ser de otra forma, y siguiendo las pautas marcadas ya en 2010 por el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ayuntamiento de Alcorcón recogió en los presupuestos para el año 2012 una serie de medidas para, por un lado, reducir el gasto sin hacer merma en los servicios públicos esenciales, y por otro, comenzar a afrontar la deuda de 612 millones de euros que soportaban en ese momento las arcas municipales.

Una de las medidas adoptadas fue la supresión de las subvenciones a los grupos políticos municipales, que es uno de los puntos sobre los que falla el TSJM y que ahora recurrirá el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo.
 
La decisión de aplicar una serie de recortes presupuestarios, entre ellos, y por citar algunos de los más significativos, la eliminación de las subvenciones a los grupos políticos municipales, la eliminación de las indemnizaciones por razón de servicio en concepto de manutención y desplazamiento, la reducción de las retribuciones de los cargos políticos y del personal de confianza, la reducción de los gastos en atenciones protocolarias y de representación, tenían como fin el conseguir un equilibrio presupuestario que permitiera asegurar el mantenimiento de los servicios públicos del Ayuntamiento, ya que existían números avisos de suspensión de servicios de carácter esencial debido a los impagos acumulados hasta el año 2011, así como para hacer frente a las obligaciones que son esenciales  para el Gobierno Municipal, como son las subvenciones a las asociaciones de la salud, a las asociaciones de discapacitados de la ciudad, a las entidades deportivas, a las Escuelas Infantiles, a las Casas de Niños y a los Colegios Públicos, entre otras.

La supresión de las subvenciones a los grupos políticos municipales para el período 2012-2022 está recogida explícitamente en el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Alcorcón, que fue aprobado por el Pleno municipal el 30 de marzo de 2012, con el visto bueno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales; Plan que tiene como fin que el Ayuntamiento pueda hacer frente al mantenimiento de los servicios públicos de carácter obligatorio y el pago de sus deudas.