Jueves, 19 Septiembre 2013 15:14

Una nueva sentencia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de #Alcorcón frente al sindicado UGT

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Tercer revés judicial para los sindicatos en menos de cuatro meses

Confirma la legalidad del acuerdo alcanzado en diciembre de 2011 entre la Empresa de Servicios Municipales (ESMASA) y cuatro secciones sindicales (CCOO, CGT, CSIF y USO) para la reducción de salarios de los trabajadores de dicha empresa

 

El Juzgado de lo Social nº 1 de Móstoles, en sentencia publicada el pasado día 13, ha resuelto “DESESTIMAR la demanda interpuesta por la Federación de Servicios Públicos de la UGT contra la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., ABSOLVIENDO a la demandada de la pretensión ejercitada en su contra”.

La sección sindical de UGT interpuso una demanda el pasado 20 de junio de 2012 contra el acuerdo que habían alcanzado el 29 de diciembre de 2011 ESMASA y cuatro de los cinco sindicatos representados en ese comité por el que se establecía la reducción de salarios de los trabajadores de la empresa pública.

Para el alcalde de Alcorcón, David Pérez, “se demuestra una vez más que las decisiones de gestión que estamos tomando tienen no sólo un sustento económico evidente, sino que también cuentan con el respaldo de la Justicia. La crítica situación heredada nos ha llevado a tomar medidas dirigidas a la racionalización de los servicios que presta el Ayuntamiento, y así lo seguiremos haciendo pese a que los sindicatos, muchos de ellos cómplices de la práctica quiebra técnica de este Consistorio, quieran enarbolar ahora la bandera de la defensa de los derechos de los trabajadores”.

El acuerdo alcanzado en 2011, válido hasta 2015, permite ahorrar a ESMASA y, por tanto, al Ayuntamiento de Alcorcón, 3.370.000 euros anuales, repercutiendo esta cantidad, durante el periodo de diez años (de 2012 a 2022) en el Plan de Ajuste que el Consistorio se vio obligado a establecer, dada la insostenible situación económica que el Gobierno municipal heredó del Ejecutivo anterior.

Este ahorro llega desde una doble vertiente: por un lado, una rebaja salarial, pactada con los sindicatos tras ser votada y aprobada en asamblea por los trabajadores de Esmasa, de un 8,41%; y por otro, una contención del gasto en la propia gestión de la empresa, que sigue atendiendo todas las funciones que desarrolla actualmente: recogida de residuos, limpieza viaria, grúa municipal, mantenimiento de las instalaciones de refrigeración, fuentes públicas, gestión de Puntos Limpios, mantenimiento de señales semafóricas y de las instalaciones eléctricas de edificios, y limpieza de algunas dependencias municipales.

Los servicios económicos del Ayuntamiento de Alcorcón certificaron que la empresa pública Esmasa acumulaba una deuda cercana a los 12 millones de euros, lo que la colocaba en situación de quiebra. La única alternativa al cierre de la empresa, dada la insostenible situación financiera en la que la había colocado el equipo de Gobierno anterior, era un ajuste presupuestario en el que debían recortarse tanto los gastos de personal como los de explotación, situación que se expuso a los representantes sindicales y que fue la base de la negociación que condujo al acuerdo final en diciembre de 2011.

Tercer varapalo judicial para los sindicatos en menos de cuatro meses

Esta es la tercera sentencia, en menos de cuatro meses, favorable al Ayuntamiento de Alcorcón frente a los sindicatos. La primera de ellas estaba relacionada con la demanda de una funcionaria interina que consideró su cese improcedente y recurrió la decisión del Consistorio. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº30 de Madrid consideró que “ningún reproche jurídico merece la actuación administrativa (…)”.

La segunda fue una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que daba la razón al Ayuntamiento de Alcorcón frente a la demanda palnteada por el sindicato UGT que consideraba que el Consistorio había vulnerado los derechos fundamentales de los trabajadores en el establecimiento de los servicios mínimos durante la huelga de la empresa responsable de la limpieza de los colegios municipales. El Tribunal decidió “desestimar la acusación de unilateralidad que se achaca a la imposición municipal de tales servicios mínimos (…)”.

 

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