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Lunes, 14 Enero 2013 14:31

El Tribunal de Cuentas emite un informe definitivo en el que confirma las graves irregularidades de la gestión socialista en Alcorcón

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Lunes, 14 de enero de 2013.- El pasado 29 de noviembre, el Tribunal de Cuentas ha emitido el “Informe de Fiscalización de las actuaciones desarrolladas por las Entidades Locales en relación con las operaciones de endeudamiento previstas en el Real Decreto Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias para el pago de deudas a empresas y proveedores”. El pasado mes de junio recibió el anteproyecto de este informe, en el que el Tribunal de Cuentas ya revelaba las graves irregularidades cometidas por el anterior Gobierno. En este informe, de carácter concluyente y vinculante, confirma todas ellas, y ha sido aprobado por unanimidad, incluyendo el voto favorable de los consejeros propuestos por el Partido Socialista.

Además, el Tribunal de Cuentas “ha acordado su elevación a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria y su remisión al Pleno de la Corporación Local, según lo prevenido en el art. 28.3 de la Ley de Funcionamiento”, concretamente a la Comisión Mixta Congreso-Senado para relaciones con el Tribunal de Cuentas.

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, considera que “la fiscalía del Tribunal de Cuentas debería actuar de oficio para trasladar a la vía penal todas estas conclusiones que ya estima como definitivas. Llevamos denunciando estas irregularidades desde que llegamos al Gobierno y actualmente todas ellas están en la Sala de Enjuiciamiento de este Tribunal. Resulta bastante relevante que la Sala de Fiscalización confirme en su informe todos los hechos que denunciamos y que el PSOE siempre tachó de campaña de calumnias. Nuevamente se demuestra quién dice la verdad y quién miente en este y el resto de asuntos relativos a la gestión del anterior Gobierno”.

Rechazo de las alegaciones presentadas por el anterior alcalde

El anteproyecto de informe que el Ayuntamiento recibió en el mes de junio fue remitido, como marca el propio Tribunal de Cuentas, al anterior alcalde de la Corporación, Enrique Cascallana, para que presentara las alegaciones oportunas, la mayoría de las cuales han sido rechazadas por el Tribunal. Concretamente éste afirma que “contrariamente a lo manifestado en las alegaciones de quien fuera Alcalde en aquel momento, constan en este Tribunal los informes de la Intervención de 30 de mayo de 2008 por los que puso en conocimiento de la Junta de Gobierno Local la necesidad de obtener autorización administrativa previa a la concertación de las operaciones de crédito”, es decir, se solicitaron dichos préstamos saltándose el informe del interventor en el que señalaba la necesidad de pedir autorización al Ministerio de Economía y Hacienda para seguir endeudándose, dada la crítica situación financiera por la que atravesaba el Ayuntamiento de Alcorcón.

Además, la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en una Resolución de fecha 16 de noviembre de 2010, confirmó que la solicitud de las operaciones de crédito de 2008 eran irregulares. Según el Informe del Tribunal de Cuentas “el Ayuntamiento de Alcorcón debería adoptar los acuerdos necesarios para dejar sin efecto las operaciones indebidamente formalizadas en el ejercicio 2008, las cuales se concertaron con vicios formales y sustanciales que no son susceptibles de convalidación, y que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 53.7 del TRLRHL, en el que se contienen aspectos a tener en cuenta para la autorización de operaciones de endeudamiento, hubiese impedido su otorgamiento”.

Confirmación definitiva de las irregularidades denunciadas por el actual Gobierno

El Gobierno actual ha denunciado desde su toma de posesión en junio de 2011 las graves irregularidades que se habían cometido durante el mandato anterior. Actualmente, dichas denuncias están en la sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. El hecho de que la Sala de Fiscalización en este informe confirme esas denuncias, pone de manifiesto la veracidad de las afirmaciones del actual Gobierno sobre la gestión del anterior.

En dicho informe el Tribunal de Cuentas analiza, en definitiva, los préstamos solicitados por los distintos Ayuntamientos para financiar los pagos a proveedores de conformidad con el RDL 5/2009 y, por tanto, las situaciones financieras de los Consistorios más relevantes.

En la parte relativa al Ayuntamiento de Alcorcón, el Tribunal de Cuentas confirma que “la deuda municipal consolidada en junio de 2011, de acuerdo con el informe de la Intervención, era de 612,6 millones de euros, lo que representa 4,4 veces el gasto presupuestado para ese año”, respaldando así la veracidad de las informaciones del actual Ejecutivo (PP).

Asimismo, certifica que el anterior Gobierno no pidió la preceptiva autorización del Ministerio de Economía y Hacienda para solicitar un préstamo de legislatura que ni siquiera pagó al término de la misma, pues “en el momento de la toma posesión de la nueva Corporación surgida tras las elecciones de mayo de 2011, la cantidad adeudada (…), incluidos intereses de demora, ascendía a 5,6 millones de euros”.

Según el Tribunal de Cuentas, “Con anterioridad a la concertación de las operaciones de endeudamiento derivadas del RDL 5/2009 la situación financiera de Alcorcón era especialmente grave. Las autoridades municipales acordaron el 26 de mayo de 2008 concertar una operación de crédito por 22 millones de euros para sanear el RTGG (Remanente de Tesorería para Gastos Generales) negativo de 2007, la cual, de conformidad con el art. 177.5 del TRLRHL (Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), debía quedar cancelada antes de que se renovase la Corporación (por tanto, antes de mayo de 2011)”.

Además, “Alcorcón concertó durante 2008 otras tres operaciones de crédito a largo plazo (…) por otros 22 millones de € (…), sin que tampoco se hubiera solicitado la autorización preceptiva del MEH”.

El Ministerio de Economía y Hacienda tenía conocimiento de los préstamos

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas dice explícitamente que “hay constancia de que el MEH tuvo conocimiento de la existencia de estos créditos (…) por lo que pudo haber intervenido de oficio en orden al mantenimiento de la disciplina financiera y la consecución de la estabilidad presupuestaria regulada en el TRLGEP (Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria)”. El Ministerio no actuó en ningún momento.

Confirma, asimismo, las distintas advertencias que tanto el Interventor como el Tesorero municipales hicieron sobre la inconveniencia de solicitar estos préstamos, haciendo mención concretamente a un informe de este último en el que señalaba que “el pago de los créditos generaría dificultades para hacer frente a las nóminas del personal”.

Vulneración de la prelación de pagos

El Tesorero ponía así de manifiesto la difícil situación financiera del Ayuntamiento de Alcorcón. “Señalaba, en definitiva, que la liquidez disponible era insuficiente para hacer frente a todos los pagos a su vencimiento, por lo que atender unos determinados compromisos en perjuicio de otros suponía una vulneración de la prelación de pagos regulada legalmente y en el plan de disposición de fondos del Ayuntamiento. Esta vulneración en la prelación de pagos afectó a numerosos acreedores a quienes se les retrasaron notablemente los pagos de sus facturas”.

Aprobación de presupuestos y liquidaciones fuera de plazo

La aprobación de los presupuestos anuales debe realizarse, por ley, antes del 1 de enero, y las liquidaciones de los mismos antes del 1 de marzo del año siguiente. Pues bien, según el Tribunal de Cuentas, “la aprobación de los presupuestos de 2009 y 2011, y de las liquidaciones de los presupuestos de 2009 y 2010 se realizó fuera de los plazos establecidos por los art. 169.2 y 191.3 del TRLRHL, y la aprobación de la cuenta general de 2008 se realizó fuera del plazo establecido por el art. 212.4 del TRLRHL”, concretamente diecisiete meses más tarde.

Responsabilidades contables, penales y administrativas

Sobre este Proyecto de Informe del Tribunal de Cuentas el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado determinarán si hay responsabilidades contables, penales y administrativas en las actuaciones del Ayuntamiento, durante el Gobierno anterior, descritas por el Tribunal.

Descargar el informe del Tribunal de Cuentas. [Descargar]

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